Las entidades estatales deben garantizar el adecuado servicio educativo y la respectiva supervisión a las diferentes actividades en la prestación del servicio educativo suministrado por los operadores, de igual manera solicitar los informes financieros y contables para la revisión y validación de cada uno de los informes de acuerdo a la canasta educativa contratada.

El Estado Colombiano establece el marco normativo que permite a las entidades territoriales certificadas recurrir a la prestación del servicio educativo, una vez se establezca la insuficiencia y limitación institucional, tanto cualitativa, como cuantitativa, para lo cual, se entra a estimar y proyectar la población a atender, en cada año académico.
Por tal razón, la aplicabilidad del artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, es fundamental para ser garantes de la educación, porque establece: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente…”, este precepto constitucional rige para la Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Educación Departamental en la prestación del servicio educativo, en los 61 municipios no certificados, sin embargo, existen características diferenciales en el departamento como: la alta ruralidad, dispersión geográfica, difícil acceso y seguridad, donde la población que requiere el servicio educativo ve limitada sus oportunidades en la educación tradicional o regular, circunstancia que conlleva necesariamente a utilizar la modalidad de educación contratada. También, hay presencia de factores circunstanciales y estructurales donde las personas que aspiran acceder y permanecer en el sistema educativo, tienen dificultades del orden social, político, administrativo, económico, financiero y físico ambiental, puesto que existen zonas con caracterizaciones diferenciales muy significativas, donde el efecto colateral para la prestación del servicio educativo tiene mayores restricciones.

La guía contable y financiera se realiza con el fin de tener unos parámetros para los informes que deben presentar los operadores prestadores del servicio educativo de matrícula contratada para la revisión y su respectiva validación de la información recibida y que esté de acuerdo a las normas vigentes que exigen los entes de control.
Para hacer el seguimiento y control financiero, uno de los instrumentos técnicos es la canasta educativa, la cual, se convierte en un mecanismo fundamental, tanto para la Secretaría de Educación Departamental, Operadores y Entes de Control, por cuanto, el costo del contrato debe reflejarse en la canasta educativa, tanto, en la estructura del presupuesto, como en el plan de inversiones, puesto que todos los componentes y rubros de la inversión y el gasto deben ser concordantes.

El Equipo de Apoyo Financiero y Contable de la Supervisión, ha estructurado una guía de canasta educativa, la cual se han conformado acorde a las experiencias recogidas en vigencias anteriores, éstos escenarios se convierten en referentes para dar viabilidad a estructuras de canastas unificadas para las nuevas vigencias, lo cual debe conllevar a un proceso de planeación, organización, dirección, control y seguimiento de los recursos.