La contratación, para la prestación del servicio educativo a través de la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas, se suscribe, porque en las zonas de alta ruralidad, dispersión geográfica, difícil acceso, inseguridad y violencia, no se cuenta con la capacidad institucional instalada que garantice el derecho a la población estudiantil, bajo los principios de equidad, eficiencia y efectividad, en cada año académico.

Para efectos de mantener la prestación del servicio público educativo en zonas de alta ruralidad, dispersión geográfica, difícil acceso, por razones de seguridad, o por condiciones logísticas no pueden ser asumidas directamente por el Departamento de Nariño-Secretaria de Educación, se determina la necesidad de recurrir a la contratación con entidades que presten el servicio público educativo en niveles adecuados de calidad, que sean de reconocida trayectoria e idoneidad; la donde se encuentra ubicada la población estudiantil que es atendida a través de la educación contratada, donde las caracterizaciones diferenciales se enmarcan en el bajo crecimiento y desarrollo, tanto social, como económico. Dentro de los Esquemas de Ordenamiento Territorial, éstos sitios carecen de equipamiento, infraestructura y servicios públicos, los cuales son básicos para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, entre ellas la educación, razón por la cual, superan los indicadores nacionales. Además, hay tendencia o alto riesgo de violencia y de inseguridad, y no se cuenta con capacidad instalada de índole cualitativa y cuantitativa se caracteriza también por la escasa densidad poblacional, generando bajas relaciones técnicas, tanto alumno/docente, como docente/grupo; limitaciones a la formación y desarrollo de competencias académicas y laborales; restricciones de posibilidades para acceder y permanecer en el sistema educativo.

En este orden de ideas es importante mencionar que los 581 cupos, no se contrataron inicialmente con ninguna de las dos Diócesis, por circunstancias a ajenas a la administración debido a que, los representantes el Consejo Comunitario COPDICONC, no radicaron los avales de su zona, los cuales son necesarios para poder contratar debido a que los centros educativos donde se reporta esta matricula son afro, y por lo tanto se hace necesario que el representante legal de los Consejos Comunitarios otorguen el aval al operador que según la comunidad determine, posteriormente el represéntate legal en representación de la comunidad otorga el aval, para que preste el servicio educativo en la zona; para tal efecto se han realizado un sinnúmero de reuniones con COPDICONC y la Diócesis de Pasto con el fin de prestarles el servicio educativo a los 581 niños de los municipios de Cumbitara, parte de Santa Bárbara Iscuande y Policarpa. La Diócesis de Pasto, prestara el servicio una vez se determine el número de estudiantes que efectivamente existe en los municipios ya mencionados.