Durante los primeros días de Gobierno enfrentamos la dificultad de no contar con un operador del Programa de Alimentación Escolar PAE. La Administración Departamental debió asumir la responsabilidad de este programa que antes le correspondía al Ministerio de Educación, con la premura del inicio de clases en un plazo demasiado corto, insuficiente para adelantar un proceso de selección por subasta inversa.

Para enfrentar esta situación, se efectuó el estudio jurídico con el fin de determinar la viabilidad de contratar directamente al operador del PAE, y se proyectó el acto administrativo de declaratoria de urgencia manifiesta para dicha contratación, dada la necesidad de garantizar la alimentación complementaria a los niños y niñas en las Instituciones Educativas del Departamento, de esta forma fue posible evitar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la población escolar. Sobre dicho acto administrativo se surtió el control fiscal por parte de la Contraloría Departamental.