Se identificaron como un riesgo financiero las implicaciones de la Sentencia de la Corte Constitucional T- 283 de 2013 en los procesos ejecutivos laborales instaurados por ex trabajadores de la Licorera de Nariño, y en consecuencia se plantearon estrategias de defensa judicial. Dicha sentencia revocó la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dejando sin efectos el auto interlocutorio proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en el que se confirmó la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito, con la cual se había negado librar mandamiento de Pago en Contra del Fondo de Pensiones Públicas de Nariño.

En su lugar, dicho fallo determinó la sucesión procesal entre el Departamento de Nariño – Fondo de Pensiones Públicas de Nariño frente a la Empresa Licorera de Nariño, en relación con la asunción del pago de algunas acreencias laborales. La Oficina Jurídica ha adelantado todas las actuaciones judiciales en defensa de los intereses de la entidad dentro de estos procesos.